GLOBALIZACIÓN.
Tratado de Libre Comercio (TLC)
Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo regional o bilateral, a través
del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios, en la
que se eliminan aranceles (impuestos a las mercancías que llegan al país). Se
negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los
países participantes del mencionado acuerdo.
En América Latina, en número de acuerdos, Colombia ocupa el quinto lugar detrás de Chile, Perú, Panamá y México. Cabe resaltar que economías desarrolladas como los Estados Unidos y la Unión Europea tienen sistemas de preferencias arancelarias unilaterales y discrecionales como la Ley de Preferencias Andinas y el Sistema General de Preferencias.
El mundo entero
experimenta una lucha por el control de las fuentes de materias primas, como
hidrocarburos, minerales metálicos y no metálicos, madera, entre otros, por
parte de los países potencias, requeridas para el desarrollo de nuevas
tecnologías, poniendo a los países en vía de desarrollo (dependientes) en la
mira de los monopolios extranjeros productores de tales bienes.
En Colombia, desde hace ya más de 30 años, las políticas económicas y sociales han estado direccionadas a facilitar el proceso de desolación de los campos, con la guerra como una estrategia eficiente que cumple el propósito de generar nuevos espacios para el capital trasnacional.
El extractivismo, que no es más que la explotación por parte de las empresas multinacionales de materias primas energéticas y minerales que produce dramáticas implicaciones ambientales, sociales, económicas y culturales, para el caso de Colombia el 46,35 % de los títulos mineros están en manos de grandes multinacionales, abarcando estos el 1,75 % del territorio nacional.
Las leyes nacionales han sido elaboradas y modificadas en función de los intereses de las transnacionales extractivas, teniendo un papel determinante en todo el proceso de explotación e implantación del modelo minero-energético; el código minero, diseñado y modificado a la medida de las necesidades y exigencias de las empresas multinacionales, es un ejemplo clásico de la existencia de una legislación al servicio del gran capital.
Las consecuencias son
múltiples, entre estas el brutal impacto ambiental sobre la geografía nacional
de la contaminación y el deterioro territorial, producto de los procesos
extractivos en los cuales se emplean tecnologías como el fracking,
se usan materiales pesados como mercurio y cianuro, y se implementan
estrategias de deforestación, desvío de fuentes hídricas, destrucción de la
producción agrícola de pan coger, con el argumento de intensificar la
extracción de materiales y recursos sin los cuales el “desarrollo” no sería
posible.
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